14.10.2014 | Article d’opinió de Teresa Crespo, presidenta d’ECAS al diari El País
El próximo 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, los medios de comunicación, las entidades sociales y los políticos pondrán en primera línea informativa que la pobreza es un grave problema y que es necesario luchar para erradicarla, aunque quizás al día siguiente algunos de ellos ya tendrán en su agenda muchos otros temas y olvidarán esta realidad.
A poco que se preste atención, podemos ver cómo últimamente los informativos no dejan de referirse a informes, testimonios y situaciones en las que aparecen personas que sufren. Los datos disponibles indican que en Cataluña aumenta cada año la tasa de riesgo de pobreza, que en estos momentos supera ya el 20%. Los procedimientos de desahucio han aumentado un 8,4% en España y Cataluña figura como la comunidad que encabeza las ejecuciones hipotecarias. El Banco de Alimentos catalán atiende a 250.000 personas y ya hay más de 200.000 familias que no tienen ningún ingreso. Y en el conjunto de España, 873.000 inmigrantes han perdido el derecho a la atención sanitaria, de los cuales, una parte importante residen en Cataluña.
Lo triste es que estos datos se han convertido en habituales. Componen una música de fondo que ya no nos molesta, porque no son novedad y porque otros temas ocupan las portadas de los diarios y los informativos de radio y televisión. Solo de vez en cuando golpean la conciencia ciudadana, como ocurrió en marzo de este año con motivo del pleno sobre la pobreza y las desigualdades celebrado en el Parlamento de Cataluña, o como esperamos que courra el 17 de octubre. Pero así no se arregla la situación.
El problema es de gran calado y requiere algo más que actos o alertas puntuales. Exige reflexionar y, a la vez, actuar sin reposo para transformar la realidad injusta que vivimos. El punto de partida es decidir qué Estado de bienestar queremos y, a partir de ahí, qué porcentaje de nuestro PIB dedicamos a la inversión social. También hemos de decidir cómo ha de ser nuestro sistema tributario para construir una sociedad más justa y sostenible.
Tendríamos que empezar a cambiar los criterios de tributación para lograr una recaudación más equitativa, que no recaiga mayoritariamente en las personas físicas, que hoy pagan sobre las rentas del trabajo, cuyo tipo impositivo llega al 52% mientras las rentas del capital tributan tan solo entre un 21% y un 27%. Deberíamos recuperar el impuesto sobre el patrimonio, que se eliminó en 2008, e incrementar los de sucesiones y donaciones, hoy reducidos a la mínima expresión, hasta el punto de que recauda un 80% menos de lo que se recaudaba antes de que se introdujeran los últimos cambios.
Además, y esto es tan importante como urgente, deberíamos reforzar los medios de control para evitar la evasión y el fraude fiscal, que algunos estudios cifran en unos 60.000 millones de euros anuales. Es de todos conocido que la dotación de inspectores es insuficiente para vigilar, prevenir y castigar los incumplimientos de las obligaciones fiscales por parte de los defraudadores. España es uno de los países europeos con menos recursos de vigilancia tributaria: un inspector de Hacienda por cada 1.928 habitantes, cuando en Reino Unido la proporción es de uno por cada 862 habitantes y en Alemania, de uno por cada 729 habitantes. En estos países, se estima que el frauda fiscal es la mitad del que se produce en España.
La consecuencia es que, a pesar de tener unos tipos impositivos nominalmente altos, en España recaudamos menos que en muchos otros países europeos que tienen una presión fiscal inferior. Además del fraude, existen en España un gran número de excenciones y posibilidades de reducción de impuestos, de las que se benefician precisamente los que más tienen.
El resultado es que las desigualdades se están disparando, como puede comprobarse en las estadísticas comparativas. España es el país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad desde el comienzo de la crisis. Mientras el 10% de hogares españoles más pobres ha perdido el 33% de sus ingresos en los últimos años, el 10% más rico solo ha perdido un 1%. Una dinámica que tampoco contribuye a resolver el problema.
La pobreza y las desigualdades solo se combaten verdaderamente y de forma eficaz definiendo y poniendo los recursos necesarios para construir un modelo socioeconómico más equitativo, que haga tributar más a quien más tiene, que castigue la evasión, el fraude y la corrupción, y que destine una mayor proporción del PIB a inversión social para garantizar unos servicios públicos universales y de calidad. Así, sí se arregla la pobreza.
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