La pobreza y las desigualdades nos azotan a diario, pero cada 17 de octubre las más de 3.200 organizaciones que formamos Pobresa Zero – Justícia Global alzamos nuestra voz con más fuerza para pedir un cambio profundo, de modelo económico y social, que acabe con sus causas de raíz. Sin embargo, la crisis -y la forma en que la han gestionado nuestras autoridades- nos deja un panorama que requiere respuestas inmediatas como las que se aprobaron en el pleno de emergencia social del Parlament y que aún no se han cumplido. Para combatir la pobreza hay que crear ocupación de calidad, con salarios y condiciones laborales dignas, pero mientras tanto hay que garantizar al menos unos ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas. La reforma de la Renta Mínima de Inserción acumula años de retraso; la restricción de los criterios de acceso hace que se denieguen en torno a la mitad de solicitudes y la dotación presupuestaria no se ha ampliado tal como se acordó en el pleno. En paralelo, la iniciativa legislativa popular para una Renta Garantizada de Ciudadanía que cumpla lo que prevé el Estatut continúa embarrancada y seguimos teniendo un mapa de prestaciones dispersas e insuficientes. Un calvario para los ciudadanos y fuente de ineficiencia que pone de manifiesto la urgencia de pasar de la ayuda discrecional al reconocimiento de derechos.

La vivienda sigue siendo privativa para miles de familias y la ley 24/2015 no ha logrado que la Mesa de Emergencias responda a la demanda ni ofrezca en condiciones de alquiler social los pisos vacíos de los grandes tenedores. Para garantizar el derecho a una vivienda digna por encima de criterios especulativos hay que regular los precios del mercado de alquiler y recuperar el arrendamiento de larga duración. En educación no vamos camino de cumplir con la inversión que fija la ley (6% del PIB) y la dimensión cualitativa de las políticas públicas podría hacer mucho más por garantizar una escuela inclusiva y gratuita. En cuanto al cuarto pilar del Estado de Bienestar, diez años después de la entrada en vigor de la ley de dependencia no solo no se ha consolidado, sino que más bien se tambalea. El incremento de los copagos, las listas de espera y la desaparición de la prestación por cuidador han echado por tierra las grandes expectativas que generó.

Hacen falta más recursos públicos y ello pasa por aplicar un sistema fiscal más progresivo, tal como prevé la resolución del pleno de emergencia. La Generalitat tiene plenas competencias en el impuesto de sucesiones y en el tramo autonómico del IRPF, y podría declarar Catalunya zona libre de paraísos fiscales para combatir el fraude y la elusión fiscal. A las puertas de unos nuevos presupuestos, hace falta valentía, determinación y contundencia para dar prioridad efectiva a las necesidades sociales. Con una mirada integradora que reconozca a todos como ciudadanos de pleno derecho.