10.11.2016 | ‘La pobreza energética’ article d’opinió de Teresa Crespo, publicat al Diari de Tarragona.
La energía, el agua y el gas son bienes públicos que no pueden tratarse como una mercancía. La última sentencia del Supremo lapida las medidas que se han adoptado desde Catalunya
Se nos avecina el frío y para muchas familias significa un grave problema que, hoy por hoy, no está resuelto. La pobreza energética es una de las manifestaciones de la pobreza severa, cada día más profunda y más extensa. La podemos encontrar en la falta de recursos económicos, en el paro, en el fracaso escolar, en la mala alimentación, en las viviendas sin condiciones, en la falta de salud… En un cúmulo de déficits y dificultades insuperables para muchas familias.
Se calcula que en Catalunya el número de personas que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada supera el medio millón, y ante una cifra de tal envergadura no disponemos de políticas sociales capaces de erradicar el fenómeno.Para que no haya ninguna familia sin las mínimas condiciones para vivir dignamente hay que impulsar medidas preventivas que eviten los cortes de suministros, rehabilitar las viviendas para eliminar la ineficiencia energética, educar e informar a la ciudadanía para que optimice su consumo y conseguir que los poderes públicos impongan a las empresas suministradoras el criterio de que la energía, el agua y el gas son bienes públicos que no pueden tratarse como una mercancía; los servicios básicos deben considerarse un derecho de la persona vinculado al derecho a la vivienda. Pero sobre todo hay que asegurar a toda la población unos ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas, en la línea de lo que propone la ILP por una Renta Garantizada Ciudadana y prevé el Estatut de Catalunya.
El Govern de la Generalitat creó un Fondo de Atención Solidaria dotado de cinco millones de euros que durante 2015, debido a la complejidad del procedimiento para acceder a las ayudas, no se aprovechó en su totalidad. Se gastó poco más de un millón y el resto ha ido a engrosar el presupuesto de 2016, acompañado de cierta mejora en la tramitación al traspasar la gestión a los ayuntamientos. Pero esta medida paliativa no es suficiente y urge elaborar una estrategia catalana contra la pobreza energética que obligue a las suministradoras a corresponsabilizarse y aborde la problemática con una mirada integral. Es el momento de superar las declaraciones y actuar con contundencia ante escollos como la última sentencia del Tribunal Supremo, que al declarar inaplicable el régimen de financiación del ‘bono social’ lapida las medidas que sehan adoptado desde Catalunya.
Hace tiempo que las entidades sociales reclamamos políticas sociales con visión global y de carácter preventivo, que ataquen las causas de la pobreza y las desigualdades. El impulso de una vez por todas a la garantía de una renta que permita una vida digna, en lugar de multiplicar pequeñas ayudas, sería un gran paso adelante.
