16.08.2018 | Article de Núria Valls, directora general de comunicació y relacions de Fundesplai publicat a El País
Las entidades del tercer sector se encuentran cada vez más atrapadas en la lógica del concurso y del precio, más allá del servicio, la calidad y de la defensa de los derechos sociales
Hace pocas semanas la Taula del Tercer Sector Social ha celebrado 15 años coincidiendo en el aniversario con otras organizaciones del sector como ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) y también plataformas de recursos para el tercer sector como Xarxanet. Las entidades existimos desde hace mucho más tiempo, pero hace 15 años el tercer sector hizo una apuesta clara y decidida para organizarse y trabajar juntos haciendo red, dejando protagonismos a un lado, para conseguir reconocimiento, consolidar a las organizaciones y trabajar por la defensa de los derechos de las personas.
En los discursos de estos días se reconoce la fuerza del tercer sector de Cataluña como un valor imprescindible que conforma un modelo de sociedad donde muchas personas de forma voluntaria y/o remunerada se organizan para trabajar por los demás y mejorar su entorno. Sin este tercer sector nuestro modelo de sociedad sería diferente y muchos coincidimos en que sería peor. Pero para construir este modelo de sociedad participativo y a favor de todas las personas, el tercer sector todavía necesita abordar algunos retos de mejora.
El impacto de la crisis ha conllevado un cambio en la evolución del sector. Por una parte, las necesidades sociales se han incrementado y se han hecho más complejas. Aunque ahora se pueden percibir algunas mejoras, muchas familias se encuentran en situación de pobreza cronificada, como presentaba la Cruz Roja en su último estudio. Muchas madres solas y con hijos son pobres, muchos jóvenes se encuentran en situación de precariedad, muchas personas trabajadoras son pobres, y cada vez hay más personas sin hogar. También se producen situaciones de emergencia que acaban siendo estructurales, como la llegada de menores no acompañados o de personas inmigrantes y refugiadas buscando una salida a situaciones de guerra y hambre. Por tanto, muchas de las entidades del tercer sector nos encontramos haciendo frente a necesidades básicas del día a día de las personas y siempre huyendo de modelos asistenciales para trabajar por sus derechos. Y por otra parte, los recursos de la administración durante estos años han ido disminuyendo.
Un gran reto para avanzar en este modelo de sociedad es como medir el impacto real de nuestras acciones. Más allá del discurso y de la buena voluntad debemos poder demostrar qué resultados, qué cambios sociales y de mejora se producen fruto de nuestras acciones. Necesitamos medir el impacto cuantitativo, pero también el cualitativo que contribuye al cambio y la prevención. Otro gran reto del tercer sector es el garantizar la sostenibilidad de las entidades, trabajando con calidad, con las personas, y adaptándonos a los nuevos tiempos innovando, como por ejemplo a través de la transformación digital, para ser más eficientes.
En este contexto, nos encontramos una administración más normativizada y menos política. El nivel de exigencia normativo cada vez es más elevado. Por supuesto, el tercer sector como otros, debe dar garantía de transparencia y rendir cuentas de sus acciones y de cómo se gestiona el dinero público. Pero es verdad que actualmente las políticas vienen más marcadas, en muchos casos, por los interventores y por una visión normativa que no por una visión de trabajo conjunto de concertación para encontrar soluciones orientadas al bien común.
Las entidades del tercer sector se encuentran cada vez más atrapadas en la lógica del concurso y del precio, más allá del servicio, la calidad y de la defensa de los derechos sociales. Desde el tercer sector trabajamos para que los servicios públicos de atención a las personas no sean un negocio sino una acción concertada entre el sector no lucrativo y la administración. Ahora hay una normativa europea que lo permite hacer. Desde el tercer sector social apostamos por una propuesta legislativa que promueva un nuevo modelo de colaboración público-social que permita consolidar un marco a favor de las personas.
Conseguir un tercer sector social consolidado, innovador, con valores, con participación de las personas, con voluntariado, transparente y un agente activo en las políticas y servicios de atención de las personas es lo que nos permitirá seguir teniendo un modelo de sociedad donde la cohesión social sea una responsabilidad de todos. Con un tercer sector débil promoveremos otros tipos de modelos, donde se potencie más la rentabilidad que no una sociedad cohesionada socialmente.
Los retos sociales son muchos y complejos. Sin la participación de todos no será posible lograr un país para todos y todas, donde las actitudes y los valores más populistas no ganen fuerza y nos lleven a dejar fuera a muchos colectivos y personas.
