19.04.2014 | Article d’opinió d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector, publicat al diari El País
Disponer de estructuras de Estado no garantiza que se vaya a invertir en las políticas sociales que ahora se recortan
Empieza a ser hora de que los derechos sociales adquieran una clara prioridad. A menudo, escuchamos la frase: “Lo nacional y lo social van unidos” en el sentido de “lo nacional primero, y lo social después”. Es esta, aparentemente, una propuesta razonable, puesto que conseguir mayor autonomía fiscal y financiera, y mayor capacidad de decisión en Cataluña sin duda nos puede ayudar a construir un país socialmente más cohesionado y con mayor equidad social.
Es evidente que disponer de mayores competencias, capacidades y recursos nos puede permitir en un futuro invertir más y mejor en políticas de lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales, mejorar las oportunidades de todas las personas y colectivos sociales y facilitar la construcción de un mejor bienestar social en Cataluña. Pero no tenemos ninguna garantía de que esto sea así puesto que la mayor capacidad de establecer un sistema fiscal propio puede utilizarse también para reducir nuestra capacidad impositiva, distanciarnos aún más de la presión fiscal europea y reducir la contribución fiscal de las rentas más elevadas.
Si se utilizan los nuevos resortes estatales para reducir el déficit público mediante recortes en el gasto social, si se abdica de regular el mercado, en especial el financiero, y si disponer de estructuras de Estado sirve para reducir o contener la inversión social, disponer de mayor poder en Cataluña no nos permitirá crear una sociedad de mayor bienestar, sino que servirá para ahondar más en el malestar social. Los ricos serán más ricos, los pobres más pobres. El resultado será que tendremos una Cataluña más desigual y descohesionada.
Pero lo más grave es que, bajo este planteamiento, de nuevo se repite el “mantra” neoliberal de que “no hay dinero para políticas sociales”, y se desplaza a un hipotético futuro, afirmando que solo habrá recursos para las políticas sociales cuando podamos administrar nuestra hacienda nacional.
Con este planteamiento lo que se quiere en el fondo es establecer la subordinación de unos derechos a otros. Una subordinación contranatura de los derechos sociales a los nacionales, cuando una defensa clara de unos y de otros debería ser la garantía de un país con mayor justicia social. Pretender dejar para un futuro sobre el que no hay certezas la defensa de los derechos sociales equivale a pasar una cortina de humo. Detrás de ella se esconde la voluntad de no actuar ante la pobreza y la desigualdad, que están creciendo en nuestro país como crecen en otros países de la Europa mediterránea.
Para que realmente fuera creíble que lo social y lo nacional van de la mano, se debería dar la misma prioridad a la reivindicación de los derechos sociales que a los derechos nacionales; y ello pasaría por:
1. Compensar la pérdida de 1.565 millones de euros en inversión social (enseñanza, salud y bienestar social) que se ha producido en el presupuesto de la Generalitat entre 2011 y 2014.
2. Buscar con perseverancia y actitud integradora un gran pacto social de todo el Parlamento y toda la sociedad, similar al del derecho a decidir. Este pacto debería buscar un denominador común de medidas de inversión social para rescatar a las personas desahuciadas, garantizar una renta mínima ciudadana y garantizar el acceso universal a los bienes considerados básicos y esenciales.
3. Luchar decididamente para conseguir una renegociación del pago de la deuda pública de la Generalitat. El gasto en deuda pública asciende a 7.292 millones de euros de 2011 a 2014, mientras el total dedicado a protección social y PIRMI asciende a 6.409 millones de euros. No podemos olvidar además que gran parte de la deuda ha sido comprada por los bancos con dinero de ayudas públicas o con créditos concedidos por el Banco Central Europeo. Unos créditos al 1% de interés y se utilizan para comprar deuda pública al 4-5%.
4. Reivindicar competencias y colaborar con la Administración central en la lucha contra el fraude fiscal, de manera que los ingresos obtenidos sirvan para financiar la deuda y el refuerzo a los derechos sociales.
5. Insistir en ampliar la cesión para vivienda social de los pisos vacíos de propiedad bancaria.
6. Defender con ahínco una reivindicación social común en los programas electorales de los partidos catalanes en las elecciones al Parlamento Europeo para renovar y fortalecer el Estado social europeo. La Taula del Tercer Sector ha planteado 18 medidas que podrían ser la base de este denominador común.
La defensa y ampliación de los derechos sociales no puede posponerse ni subordinarse a otro tipo de derechos, aunque sean tan legítimos como los nacionales. Su impacto en la cohesión social del país, la justicia y la igualdad de oportunidades de todos y todas los hacen realmente necesarios para construir un país mejor.
