19.11.2016 | Article de Teresa Crespo, presidenta d’ECAS, publicat a El Periódico de Catalunya
Ha muerto una mujer mayor a causa de que una vela con la que se alumbraba encendió el colchón donde descansaba. Es un suceso que nos produce indignación y nos plantea algunas cuestiones que quisiera compartir.
Mi primera sorpresa ha sido la rápida reacción de las administraciones y de la empresa suministradora, que enseguida han corrido a culpar al otro, argumentando unos que no se había cumplido con el protocolo fijado en la ley del 24/2015 sobre la pobreza energética que obliga a las empresas suministradoras a comunicar el caso a los servicios sociales antes de proceder a cortar el suministro; mientras por otro lado, la empresa suministradora ha declarado que la Administración no había incorporado a esta persona en la lista de personas vulnerables atendidas por los servicios sociales para evitar un posible corte de luz.
Es muy lamentable que a toro pasado se produzcan estas argumentaciones y no se mire un poco más lejos del caso concreto, sin contemplar otros factores. Este hecho me hace cuestionar el modelo socioeconómico en el que estamos viviendo, que está generando pobreza, desigualdades y una sociedad injusta que conduce a la exclusión, y me interroga sobre las políticas sociales que tenemos. Lejos de responder de manera global a las necesidades de las personas, ponen en práctica medidas puntuales, paliativas y reactivas que pueden resolver la demanda urgente del momento pero no conllevan una acción preventiva ni un impacto transformador del entorno de estas personas.
Individualismo exacerbado
La primera reacción ante esta noticia ha sido preguntarme qué sociedad tenemos cuando convivimos impasibles ante la pobreza y las injusticias crecientes, desde un individualismo exacerbado que solo se preocupa de los propios intereses, siendo capaces de ignorar a una vecina, o a una ciudadana que está sola y que no dispone de las mínimas condiciones de una vida digna. Pasamos al lado de la pobreza y no la vemos porque no queremos cargar con esa responsabilidad, y de inmediato reclamamos a la Administración, afirmando que no nos corresponde a nosotros. Esto es un error, pues todos formamos parte de una misma comunidad, cuya cohesión y bienestar dependen en parte de este sentimiento de pertenencia y de corresponsabilidad en la defensa del bien común.
Me pregunto si se hubiera podido evitar esta desgracia si algún vecino hubiese entrado alguna vez a visitar a esta persona y hubiera visto su situación, avisando a los servicios sociales de la necesidad de su intervención. Y también me pregunto cómo es posible que una persona que recibe una ayuda del ayuntamiento para evitar que se le corte el agua no haya generado una acción municipal integral que contemplase la globalidad de sus condiciones de la vida para llevar a cabo una intervención que buscase resolver su situación de pobreza. Todos sabemos que la pobreza es multifactorial, y que si le cortan el agua a alguien seguramente significa que no tenía recursos para pagar otros suministros, y muy probablemente tampoco debía disponer de una alimentación correcta; además, como ha quedado probado, sufría una soledad no deseada, que es el maltrato más frecuente y más ignorado entre las personas mayores.
Bien público versus beneficio
Este hecho pone en evidencia lo que venimos diciendo hace tiempo, cuando pedimos la urgente necesidad de unas políticas de garantía de rentas que reconozca el derecho de toda la ciudadanía a recibir unos ingresos que le permitan cubrir sus necesidades vitales, ya que la existencia de esta renta nos evitaría muchas otras ayudas que al final fragmentan a la persona y no resuelven su situación. Y por otro lado, también pone de manifiesto los errores que desde hace años se están cometiendo en el tema de los suministros básicos, especialmente energéticos. Los poderes públicos no han sido capaces de enfrentarse a las grandes compañías imponiendo unos criterios que preserven la defensa de un bien público por encima del beneficio empresarial y de las leyes del mercado.
Es urgente repensar este modelo que regula los suministros y que cada año hiere nuestros oídos al informarnos de los millones que han ganado. Basta ya, creo que la muerte de esta mujer nos obliga a poner punto final al incremento continuado de las tarifas de suministros, y a iniciar un cambio conceptual en los suministros que deberían ser concebidos como un derecho al bienestar de la ciudadanía, y comportar, de una vez por todas, la implantación de la garantía de una renta que permita vivir dignamente. Ruego por el eterno descanso de esta ciudadana que ha muerto sin las más elementales condiciones y quisiera que se recordara su caso como el punto de inflexión de unas políticas y prácticas marginadoras por otras más justas y equitativas.
