17.02.2016 | ‘Reinventar el Estado de bienestar‘, article d’Àngels Guiteras, gerent d’ABD, a El País.
La defensa de los derechos sociales es responsabilidad de la administración pública, pero es preciso contar también con la participación y la implicación de la sociedad civil
Hoy las políticas sociales están tomando protagonismo. Y este es un elemento de cambio importante en la concepción de los servicios sociales. La fuerte crisis social ha puesto de manifiesto, como demuestran diferentes trabajos de sociólogos y economistas, que la desigualdad y la pobreza han sido el detonante de la crisis económico-financiera. A pesar de los recortes sociales, hay consenso en que la falta de políticas sociales y, por tanto, la desigualdad y la pobreza, son elementos que impiden el crecimiento económico. En época de crisis, la desigualdad y la pobreza empujan hacia la crisis económica. En estas circunstancias, el Estado del Bienestar es irrenunciable , pero lo hemos de reinventar.
Otro elemento de cambio en relación a las políticas de bienestar social es que estas no se basen exclusivamente en los servicios públicos. Tiene que haber responsabilidad pública pero también hemos de contar con la participación y el compromiso social de la ciudadanía para asegurar que el nuevo modelo de bienestar esté más enraizado en las ciudades, en el tercer sector y en los movimientos sociales de defensa de los derechos de los ciudadanos.
Hay que diferenciar entre el objetivo de garantizar los derechos sociales de la ciudadanía y la forma concreta de hacerlo, el Estado del bienestar de ayer. Los neoliberales han querido confundir ambos para eliminar los derechos sociales y buena parte de los defensores del Estado de bienestar han caído en la trampa de defender a ultranza un modelo que es difícil de mantener, y no poner entre sus prioridades la irrenunciable lucha democrática para garantizar los derechos sociales.
La nueva política de derechos sociales ha de basarse en la responsabilidad pública, pero también ha de contar con una gran implicación de la sociedad civil. Ha de basarse en el compromiso de los ciudadanos en la defensa de los derechos sociales. En este sentido, la situación de crisis que vivimos abre nuevas oportunidades.
Lo que pase en un futuro dependerá de lo que hagamos y de lo que seamos capaces de lograr entre todos y todas. Y de la correlación de fuerzas que podamos conseguir. Para la defensa de los derechos sociales y de la sociedad civil organizada es importante también el papel que puede jugar un tercer sector social que ha sufrido y sufre la crisis pero que ha demostrado tener capacidad de resistencia y resiliencia. Lo ha hecho adaptándose a la situación con profesionalización, innovación y trabajo cooperativo y en red. Y también agrupándose en torno a la Taula del Tercer Sector Social, que reúne a las diferentes federaciones y a más de 3.000 entidades sociales.
Pero el tercer sector ha de ir cambiando y saber combinar sus tres principales funciones: la prestación de servicios no lucrativos con reinversión de los beneficios; la defensa de los derechos sociales de las personas y la canalización del voluntariado y el compromiso social. Solo así podremos ser un sector emergente, eficiente y referente.
Para afrontar seriamente las desigualdades crecientes hemos de exigir, por un lado, que las políticas sociales no estén subordinadas a las económicas y, por otro, necesitamos recuperar lo público. Pero recuperar lo público no significa que sea la administración pública la que se apropia en exclusiva del sector, planteando como “nueva política” la municipalización de los servicios, sino entender que lo público es lo que construimos entre todos y todas.
Lo público es complejo pero también debe ser plural puesto que la defensa de los derechos nos incumbe a todos. Lógicamente es la administración quien representa y debe defender los intereses de los ciudadanos, pero las políticas basadas únicamente en fondos públicos no son suficientes. Hay que repensar el Estado del bienestar. La defensa de los derechos sociales es responsabilidad del sector público pero también precisa una gran implicación de la sociedad civil, del compromiso del ciudadano.
Esta es la oportunidad y el reto que nos ofrece la crisis actual. La recesión ha colocado en el centro del debate la política social cuando antes era marginal. La lucha contra las desigualdades requiere de unos servicios sociales prioritarios, bien dotados, de un tercer sector social referente, y de un Estado descentralizado, a la vez más global y más local, que asuma la responsabilidad pública de los servicios sociales y que tenga como prioridad poner en valor la aportación de la sociedad civil y la dimensión social o responsabilidad pública de la ciudadanía.
